Opinión: Sobre los avances en los tribunales de inmigración y los tribunales ordinarios, y la Ley del Estado de Derecho de 2026

«“¡Dadme a vuestros cansados, a vuestros pobres,
a vuestras masas apiñadas que anhelan respirar en libertad,
a los desdichados desechos de vuestra costa rebosante.
Enviadme a estos, a los desamparados, azotados por la tempestad,
¡Yo alzo mi lámpara junto a la puerta dorada!”»

–Inscripción en la Estatua de la Libertad

Bardia Memar, abogada

Estados Unidos representa muchas cosas para mucha gente. Es un faro resplandeciente de esperanza para quienes lo dejan todo, voluntaria o involuntariamente, por la oportunidad de una vida mejor; y es una vil caricatura de la maldad para quienes se ven atrapados en el fuego cruzado de sus proyectos imperialistas en Oriente Medio. Su pueblo se esfuerza por que el país encarne siempre el ejemplo de lo primero, pero una y otra vez existe cierta ambivalencia sobre cómo se definen la libertad y la justicia para todos en la letra de la ley.

Hoy en día, esta ambivalencia queda plenamente de manifiesto, ya que —entre otras muchas cosas— el poder ejecutivo ejerce una autoridad sin precedentes sobre la aplicación de la legislación en materia de inmigración. A día de hoy, aproximadamente una quinta parte de los jueces de inmigración han sido sustituidos desde enero de 2025, y las nuevas contrataciones se anuncian ampliamente como los denominados «jueces de deportación».[1] No hace falta ser abogado para darse cuenta de que esto entra en conflicto directo con las intenciones del Congreso y del pueblo estadounidense, ya que la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) establece explícitamente que un juez de inmigración tiene la autoridad para resolver reclamaciones administrativas de protección migratoria —y no simplemente servir de base para acelerar la deportación—. Este ejemplo es un microcosmos del grado en que la misión del aparato de inmigración del Gobierno de EE. UU. se está distorsionando y alejando de su objetivo original —y de su esencia moral—. Ya no es un órgano judicial imparcial, sino que se está convirtiendo cada vez más en una cadena de montaje desalmada de órdenes de expulsión para quienes carecen de conocimientos jurídicos.

Como consecuencia, los abogados especializados en inmigración de todo el país están observando una jurisprudencia cada vez más hostil por parte de estos jueces, y en ningún sitio resulta esto más evidente que en la jurisprudencia de los últimos 20 meses de la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA), empezando por los casos «Matters of C-A-R-R-» y «H-A-A-V-», en los que la BIA dictaminó que las solicitudes de asilo consideradas incompletas desde el punto de vista fáctico o sustantivo podían desestimarse sin una vista sobre el fondo del asunto, a favor de la deportación. Los casos «Matters of S-S-F-M-», «R-E-R-M & J-D-R-M-», «K-E-S-G-», «L-A-L-T», «V-A-B-», «L-A-D-» y «S-E-M-Z-» restringieron el significado de «miembros de determinados grupos sociales » a la hora de solicitar asilo. Los casos «Matters of Ibarra-Vega» y «Pinzón Rozo» restringieron la capacidad de los no ciudadanos para solicitar medidas de protección fuera de los tribunales de inmigración. (Dichas medidas pueden tardar años, mientras que los jueces de inmigración actuales parecen verse presionados para dictar órdenes de expulsión tan pronto como lo permita la ley). El caso más notorio fue el de Yajure Hurtado, en el que la BIA restringió severamente la capacidad de los no ciudadanos para obtener la libertad bajo fianza, desafiando prácticas arraigadas que aprovechaban la ambigüedad jurídica sobre el alcance de la detención de no ciudadanos en virtud de los artículos 235 y 236 de la INA. Otras resoluciones abordan temas como la expulsión a un tercer país, otros requisitos para el asilo, el significado de «persecución», las órdenes de expulsión en rebeldía, la elegibilidad para la cancelación de la expulsión, las denominadas medidas de protección «especulativas» a pesar de las solicitudes de estatus aprobadas, etc. Todos estos casos pueden consultarse en la página web del Departamento de Justicia.

Recientemente, este mismo mes, la BIA ha dictaminado, entre otras cosas, que el mero hecho de enviar por correo una notificación de comparecencia (NTA) a la última dirección que figura en el expediente, aunque sea incorrecta, constituye una notificación suficiente para descartar cualquier objeción procesal (Asunto de D-I-J-I-); y que los jueces de inmigración ya ni siquiera exigen que los fiscales del Gobierno presenten mociones para desestimar (poner fin sin una vista sobre el fondo del asunto) las solicitudes de asilo (Asunto de G-R-B-).

(Incluso la destitución forzosa de Nicolás Maduro de la presidencia de Venezuela, a pesar de que esto no supusiera un cambio sustancial en el Gobierno venezolano ni en su ideología, fue suficiente para que la BIA, en el caso «Matter of A-E-V-M-», ordenara tenerlo en cuenta a la hora de evaluar las solicitudes de asilo de ciudadanos venezolanos. Al parecer, a su juicio, el Gobierno venezolano no puede causar daño a los solicitantes de asilo porque se trataba del Gobierno de Maduro.)

Es más que evidente que estos cambios en la jurisprudencia en materia de inmigración socavan la confianza de la ciudadanía en la imparcialidad de nuestro sistema judicial y ponen de manifiesto claras deficiencias en el compromiso de nuestro país con sus ideales como defensor de la libertad, la justicia, la imparcialidad y la autonomía. Se necesita una reorganización profunda para proteger a esos no ciudadanos —esos seres humanos, que a menudo mantienen a una familia— cuyas vidas penden de un hilo.

La Ley de Tribunales Reales y Estado de Derecho de 2026 parece prometer la reforma que se necesita.

La ley tiene por objeto reorganizar el sistema de resolución de asuntos de inmigración como una entidad administrativa que actúe con mayor independencia de la influencia del poder ejecutivo, con jueces y altos cargos nombrados por el presidente con el asesoramiento y consentimiento del Senado. Los jueces ejercerían además sus funciones durante mandatos de duración determinada y no serían tan vulnerables a destituciones aparentemente arbitrarias ni a influencias externas como lo son actualmente los jueces de inmigración.

El texto de la ley se puede consultar aquí.

Si eres ciudadano estadounidense, te invitamos a que llames a tu diputado y le expreses brevemente tu apoyo a la Ley de Tribunales Reales y Estado de Derecho de 2026. Puedes consultar quiénes son tus diputados aquí.

Si tú o alguien que conoces es inmigrante en EE. UU., o si deseas convertirte en inmigrante en EE. UU. de conformidad con la legislación estadounidense, no intentes hacerlo por tu cuenta. Ponte en contacto con un abogado especializado en inmigración de EE. UU. y aborda tus asuntos de inmigración con planes claros y confianza.

Gracias por leernos. Desde Eclipse Partners esperamos que todos estéis bien y a salvo en estos tiempos tan peculiares.

[1] Lok Darjee, «“Todo el mundo tiene un límite”: los jueces de inmigración en primera línea de la campaña de deportaciones de Trump». The Guardian. 9 de mayo de 2026. https://www.theguardian.com/us-news/2026/may/09/trump-administration-immigration-judges